LAS FARC NEGOCIAN GARANTIAS DE SEGURIDAD ANTE POSIBLE PELIGRO DE EXTERMINIO.
Por Carmen Chamorro García, directiva de ACPE y miembro de ADESyD.
El asesor jurídico de la mesa de negociaciones en el proceso de Paz en Colombia y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago ha anunciado a esta corresponsal, en una reciente entrevista, que la guerrilla de las FARC requiere garantías de seguridad para sus miembros, con el fin de evitar un exterminio similar al sucedido con militantes de la Unión Patriótica. El proceso de desarme e incorporación a la vida civil no va a poder concretarse hasta el cierre de sistema de no repetición y se inicie el desmantelamiento efectivo, lo que implica tiempo y mucho, no solo seis meses. “Se precisan garantías de seguridad eficaces, es decir, las FARC no se van a desarmar sin más, para que sufran un genocidio político, como digo”.
El gobierno colombiano deberá elaborar un plan que dote de un marco jurídico y presupuestario adecuado que dé cumplimiento a lo firmado, así como a no aprobar leyes contrapuestas a los acuerdos alcanzados en la mesa de Diálogo de la Habana y así lo exhortan numerosas asociaciones en reuniones dentro de la capital española.
El jurídico Enrique Santiago, uno de los principales colaboradores en la construcción de los acuerdos relacionados con temas de víctimas y DDHH del proceso en La Habana, ha anunciado que no es necesario una reinserción social de los inmovilizados, porque no están precisamente marginados de la sociedad. Lo que hay que hacer es un proceso de reincorporación a la vida civil. Asimismo, el Punto 3, el fin de conflicto, se está discutiendo en este momento en la agenda de conversaciones, y establece que el proceso deberá hacerse, conforme a los intereses de las FARC, dependiendo de que se cierre la configuración del componente de no repetición del sistema integral en Derechos Humanos, víctimas, justicia y reparación.
En este sentido, el desmantelamiento de entidades que combaten a organizaciones sociales y de DD.HH requiere de una reforma integral de medidas concretas, así como la eliminación de normativas que hacen que el uso de fuerza y armas, sean monopolio del gobierno de Colombia, sin obviar la depuración estricta de funcionarios en contacto con grupos paramilitares, “y cuando esta fase se solvente y se establezcan garantías de no repetición firmes y claras, entonces, las FARC no van a permitir que ocurra lo que con Unión Patriótica, el exterminio de 5.500 militantes, cargos de libre elección y popular”, aclara Enrique Santiago.
Bajo su propio punto de vista, el fenómeno del paramilitarismo y la reactivación de sus acciones, constituye una de las más profundas preocupaciones en la mesa del diálogo, por cuanto las autoridades estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y sobre todo, a tomar las decisiones que pongan control a su supuesta acción criminal.
Enrique Santiago, uno de los precursores del modelo Jurisdicción especial de Paz, ha manifestado igualmente, que España no está siendo activa en la implicación de las conversaciones de Paz en La Habana. Por lo visto, la etapa posconflicto va a traer muchas posibilidades de inversión económica y habrá países comprometidos con el proceso, cuyas empresas logren un mayor beneficio. Para Enrique Santiago, desde el gobierno del ex Presidente, José María Aznar con la Posición Común frente a los Castro, ya se fue perdiendo capacidad, sin obviar el gran retroceso de intermediación y pérdida de peso político en la Región que ello supuso.
Este asesor jurídico de la mesa de conversaciones, igualmente, aludió a la reforma agraria integral, primer punto de la agenda aprobado, que consiste en la recuperación de tierras y puesta a disposición para la reforma rural, combinado con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y la introducción de cultivos comercializables, vinculado a la creación de zonas especiales de Paz y protección de zonas de reserva para procesos agrícolas y desarrollo social, así como la construcción de infraestructuras y adecuación de tierras. Las zonas más ricas en recursos naturales sin explotar se encuentran bajo la presencia guerrillera. El campesino colombiano está abocado a cultivar hoja de coca, enormemente rentables, ante aislamiento de territorios y falta de comunicación, precisamente por la ausencia de carreteras que permitan los desplazamientos. “Ningún gran comprador se desplaza a comprar donde no haya carreteras”, aclara Enrique Santiago. Las iniciativas en este sentido deberán garantizar el reconocimiento del derecho campesinal al territorio. El acuerdo “Reforma Rural Integral Para un Nuevo Campo en Colombia” deberá cumplirse en su totalidad, y ampliado en dirección a acabar con el latifundio y el actual modelo de explotación minero-energética.
Por primera vez en una mesa de diálogo, se acuerda la justicia para las víctimas desde todas las partes. Quedan aún puntos por definir, quedan dos fuerzas guerrilleras, ELN y EPL, pendientes de diálogo. Como pendiente está también la forma de refrendación de los acuerdos. La finalización del conflicto interesa a muchas partes. Los campesinos quieren alcanzar su independencia definitiva y acceder a nuevas tierras en producción, si bien, la oligarquía terrateniente y ganadera no le interesa tanto, sin obviar la presencia de compañías transnacionales que no quieren invertir en zona de guerra.