Por Rodolfo Omar Romano Sforza
El pacifista que frecuentaba dictadores
Rodríguez Zapatero fue durante años el socialdemócrata más fotogénico del hemisferio. También el más disponible. La pregunta que cualquier ciudadano con sentido común lleva tiempo haciéndose es sencilla: ¿qué hacía exactamente allí?
Hay una primera paradoja que atraviesa este caso de principio a fin, y conviene enunciarla antes de entrar en los detalles, porque los detalles suelen comerse las paradojas: el hombre que llevaba más de una década presentándose ante el mundo como mediador de paz entre un régimen y su oposición es ahora investigado por la Audiencia Nacional de España por hacer, presuntamente, negocios con ese mismo régimen.
La mediación y el negocio pueden coexistir, claro. Pero cuesta no preguntarse cuál de los dos era el paraguas y cuál era la lluvia.
José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011
Fue el presidente que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando eso todavía requería algo de coraje político. El que retiró las tropas de Irak. El de la memoria histórica. El del talante, esa palabra que él mismo convirtió en marca personal y que significaba, en la práctica, no alzar demasiado la voz. Cuando dejó el poder, en lugar de retirarse discretamente a dar conferencias pagadas en hoteles de cinco estrellas -como hacen los expresidentes normales- decidió que su vocación era la paz.
Concretamente: la paz en Venezuela.
Desde 2014, Zapatero comenzó a viajar a Caracas
Con una frecuencia que habría agotado a cualquier turista. Primero con el aval de UNASUR, luego por iniciativa propia, siempre con la misma narrativa: él era el único capaz de hablar con todos, el interlocutor imparcial, el puente entre el gobierno de Maduro y una oposición que lo miraba con creciente desconfianza. En 2018, la Asamblea Nacional venezolana -de mayoría opositora- lo declaró formalmente persona no admisible como mediador, argumentando que mostraba un sesgo evidente a favor del régimen.
Él siguió viajando.
La paradoja número dos:
Un expresidente socialdemócrata europeo, hombre de izquierda con credenciales progresistas impecables, convertido en el interlocutor preferido de una dictadura que en ese mismo periodo encarcelaba opositores, amordazaba la prensa y organizaba elecciones cuya limpieza ponía en duda hasta el cartero.
Sus defensores dirán -con razón parcial- que alguien tiene que hablar con los malos. Sus críticos responderán -también con razón parcial- que hablar con los malos no obliga a hacerles la foto, validarles las elecciones y volver a casa en silencio.
La instrucción judicial que lleva el juez Calama en la Audiencia Nacional sugiere que el sumario empieza a tener respuestas, o al menos indicios de respuestas. El hilo venezolano del caso Plus Ultra no es accidental: la investigación llegó a Zapatero precisamente porque Francia y Suiza estaban analizando una red de blanqueo de capitales con origen en Venezuela y el nombre del expresidente apareció en el camino.
No lo pusieron ahí sus enemigos políticos. Lo pusieron los registros financieros.
Lo que el sumario no aclara todavía
Y que un tribunal tendrá que resolver, con pruebas y con tiempo, es si Zapatero actuaba como hombre de paz con beneficios colaterales o como hombre de negocios con cobertura de paz. La diferencia es jurídicamente relevante. Y moralmente también.
Aquí entra la tercera paradoja
Y es la más incómoda porque arrastra consigo a personas que no han elegido ser personajes públicos. Las hijas del expresidente tienen, según informaciones que circulan desde hace meses y que el entorno de Zapatero no ha desmentido con contundencia, una empresa de comunicación y marketing con actividad vinculada al ecosistema venezolano.
El juez Calama estaría valorando su imputación. El expresidente, que lleva años repitiendo que sus relaciones con Venezuela son estrictamente humanitarias, se encuentra en la delicada situación de tener que explicar que esas relaciones no fertilizaron el suelo de ningún negocio familiar.
Puede que sea así. Puede que todo sea una coincidencia geográfica, temporal y familiar de proporciones extraordinarias. El problema es que cuanto más extraordinaria es la coincidencia, más trabajo le toca hacer a la inocencia para demostrar que es inocencia y no ingenuidad organizada.
En el Senado, hace apenas unos meses
Zapatero dijo que había sido el único presidente del Gobierno español sin escándalos. Lo dijo mirando a la tribuna, con esa calma suya que a veces resulta persuasiva y a veces parece ensayada. Tenía razón en un sentido estricto: durante sus años en La Moncloa no hubo caso judicial que le salpicara directamente.
Lo que nadie podía saber entonces -o tal vez algunos sí podían- es que el escándalo, si llegaba, llegaría desde fuera de La Moncloa. Desde Caracas. Desde Zurich. Desde los servidores de la UDEF.
El 2 de junio, si su abogado no consigue el aplazamiento que estudia pedir
José Luis Rodríguez Zapatero entrará por la puerta de la Audiencia Nacional como investigado. Primera vez en cuarenta años de democracia española. Hay algo en esa imagen que resulta, al mismo tiempo, históricamente grave y perfectamente española: el hombre del talante, enfrentado al expediente.
La justicia tardará lo que tenga que tardar. Años, probablemente. Habrá recursos, incidentes procesales, filtraciones estratégicas, ruedas de prensa indignadas y columnas de opinión en ambas direcciones. El juicio oral, si llega, será otro país.
Pero la pregunta no necesita esperar al juicio. Ya lleva años formulada. Es una pregunta sencilla, casi de primaria:
“Si Venezuela era una dictadura -y lo era, y lo es- y Zapatero lo sabía -y lo sabía, porque no es tonto- y aun así siguió yendo, siguió callando, siguió mediando sin resultados democráticos reales… ¿qué exactamente sostenía esa relación durante todos estos años?”
El expediente judicial dice que investiga el tráfico de influencias
La historia, que es más lenta pero más honesta que cualquier sumario, investiga algo más difícil de tipificar: qué le pasa a un hombre cuando confunde la vocación de paz con la costumbre del poder. Y si esa confusión tiene precio, y quién lo paga.