Por Rodolfo Omar Romano Sforza
La crisis España-Italia y la solidaridad que nadie explica bien
Hay una frase que los abuelos repetían sin saber que algún día serviría para explicar Europa: “la caridad bien entendida empieza por casa”. Sonaba egoísta cuando la decían. Hoy suena a diagnóstico.
La crisis migratoria de Ceuta ha terminado provocando una crisis política entre España e Italia, con controles fronterizos, acusaciones cruzadas y una discusión que, en el fondo, va mucho más allá de Schengen. Porque mientras Madrid y Roma discuten sobre fronteras y responsabilidades, hay un ciudadano común que escucha las noticias, apaga la televisión y piensa algo bastante menos diplomático:
– Está bien la solidaridad. Pero ¿y mi hijo dónde trabaja?
El ciudadano que nadie entrevista
No hace falta ser politólogo para entenderlo. Se ve en los hospitales italianos, en la atención primaria española, en la dificultad para conseguir una vivienda y en jóvenes perfectamente formados que mandan currículums y reciben un silencio que empieza a parecer una respuesta oficial.
Se ve especialmente lejos de las capitales.
Europa habla de trabajo, crecimiento y movilidad mientras buena parte del mapa -Extremadura, Calabria, Aragón, Basilicata- espera pacientemente su turno para existir en los discursos. Y aquí conviene decir algo con claridad, porque es demasiado fácil confundir dos cosas distintas.
Esa gente no necesariamente odia al migrante
Lo que le indigna es la sensación -a veces justificada, a veces percibida, pero real en ambos casos- de que su propio Estado la mira menos que a quien acaba de llegar. Confundir el reclamo social con el rechazo al otro es el atajo favorito de quienes no quieren hablar del problema de fondo. Y también el de quienes quieren convertir ese malestar en combustible político.
Esta nota no pretende caer en ninguno de los dos.
– A mí nadie me solucionó la vivienda -podría decir ese ciudadano-. A mí nadie me solucionó el sueldo.
Solidaridad, sí. Pero explicada
Nadie serio sostiene que haya que cerrar las puertas. España e Italia necesitan inmigración. La necesitan en el campo, en los cuidados, en la construcción y en sectores enteros que hoy no funcionan sin trabajadores extranjeros. El problema no es la solidaridad.
El problema es la capacidad para sostenerla
Un gobierno puede y debe ayudar a quien llega huyendo de algo peor.
Pero ese mismo gobierno tiene una obligación con quien ya está dentro: con quien paga impuestos, espera una operación, busca un alquiler que no le coma medio sueldo o intenta encontrar un trabajo que le permita quedarse en su propia ciudad.
Cuando esa prioridad se invierte -o simplemente parece invertirse, que en política muchas veces es casi lo mismo- la gente deja de escuchar programas y empieza a escuchar solamente el enojo.
Ahí aparece el problema real. No se trata de elegir entre “los de aquí” y “los de fuera”. Se trata de preguntarse cuánta capacidad tiene el Estado para atender a todos y cómo decide utilizarla.
España e Italia: la misma escasez, repartida distinto
Lo paradójico es que España e Italia no están discutiendo desde la abundancia. Están discutiendo desde la escasez. A ninguno le sobran viviendas públicas, médicos de atención primaria o empleos cualificados suficientes para todos sus jóvenes. Ambos han visto marcharse a generaciones enteras hacia otros países europeos en busca de oportunidades.
Y en ese contexto, cada gobierno mira al otro y pregunta, con más nervios que maldad:
– ¿Y ahora también tengo que resolver tu parte?
La crisis de Ceuta ha hecho visible esa tensión. España e Italia pueden discutir sobre controles, fronteras y responsabilidades europeas. Pero detrás de la disputa diplomática existe una pregunta mucho más incómoda:
¿Quién asume el coste cuando la capacidad de un Estado queda pequeña?
Y esa pregunta no pertenece solamente a los gobiernos. Pertenece también al ciudadano.
El tercer personaje
Hay un tercer protagonista: la Unión Europea.
Los países europeos hablan de solidaridad, responsabilidad compartida y valores comunes. Y tienen razón. Pero la solidaridad funciona mucho mejor cuando la carga también se comparte. Es fácil pedir a España o Italia que gestionen una crisis en el Mediterráneo. Es bastante más difícil repartir de verdad los costes, la responsabilidad, los recursos y las consecuencias políticas.
Por eso la discusión europea no debería reducirse a quién abre o cierra una frontera. Debería incluir otra pregunta:
¿Qué Estado tiene capacidad real para hacer qué, y quién paga cuando esa capacidad no alcanza?
Primero, la casa. El ciudadano de a pie no está pidiendo necesariamente menos migración. Está pidiendo más Estado. Más médicos. Más vivienda. Más oportunidades para sus hijos. Más capacidad para atender al que llega y al que ya estaba. Porque una política migratoria sostenible no puede construirse contra la población que la tiene que financiar y sostener.
La solidaridad necesita legitimidad. Y la legitimidad se pierde cuando un ciudadano tiene la sensación de que para encontrar una solución a su problema siempre hay dinero, tiempo y burocracia… menos para él. El reclamo no es “menos migrantes”. Es “más Estado para todos, empezando por dentro, y con las cuentas claras”.
El dinero también necesita una frontera
Hay otra pregunta que suele quedar fuera de esta discusión:
¿Quién controla el dinero?
La Unión Europea destina recursos a asilo, migración e integración y dispone de mecanismos de supervisión, auditoría y recuperación cuando se detectan irregularidades.
Eso es necesario. Pero una cosa es que existan controles y otra que un ciudadano pueda seguir fácilmente el recorrido del dinero: cuánto recibe un país, quién lo ejecuta, quién lo cobra, qué servicio se presta y qué ocurre cuando las cuentas no cuadran.
La propia Unión Europea reconoce que el control del presupuesto no es perfecto. La OLAF ha recomendado recuperar cientos de millones de euros utilizados indebidamente en distintos programas europeos. Eso no demuestra que exista un fraude generalizado en los fondos migratorios. No lo demuestra.
Pero sí plantea una pregunta legítima: si queremos pedirle solidaridad al ciudadano, ¿no deberíamos enseñarle también las cuentas?
La confianza no debería depender de una declaración institucional. Debería poder comprobarse. España e Italia tienen una discusión pendiente sobre fronteras. Europa tiene otra sobre cómo repartir responsabilidades. Y los ciudadanos tienen una tercera, mucho más sencilla: ¿Quién se ocupa de que la casa funcione?
Porque la solidaridad no debería ser una competición entre quien llega y quien ya estaba. Debería ser la consecuencia de un Estado que funciona.
Primero apaga el fuego de tu propia cocina. Después, con la casa en orden, puedes abrir la puerta.