España: una huelga general por problemas que el Gobierno y sus socios tenían en sus manos

Omar Romano Sforza

Por Rodolfo Omar Romano Sforza

El 11 de noviembre, CCOO y UGT, a instancias del Sindicato de Inquilinas, convocaron la primera huelga general en España desde 2012, dos días antes de que arrancara la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Las reivindicaciones (vivienda, salarios, poder adquisitivo y servicios públicos) tienen algo en común:

Buena parte de ellas dependen de decisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios podían haber tomado en los más de ocho años que llevan en el poder. Que no lo hicieran, ya sea por desacuerdos entre aliados o por el bloqueo de otros partidos, es el hecho político de fondo que la protesta deja a la vista. Las decisiones entonces tienen responsables.

Un Gobierno sin mayoría propia

Sánchez gobierna en coalición con Sumar y sin mayoría absoluta en el Congreso.

  • Para sacar adelante sus leyes depende de socios muy distintos entre sí (ERC, EH Bildu, PNV, BNG y, de forma intermitente, Junts), y esa suma nunca ha sido estable.
  • La Ley de Vivienda de 2023 llegó tras casi cuatro años de negociaciones entre los socios, y su medida más intervencionista, el control de precios en zonas tensionadas, sólo se aplica donde las comunidades autónomas lo piden; las gobernadas por el PP se han negado a hacerlo.
  • El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo había aprobado tras el desahucio de Maricarmen.
  • El primero cayó por 172 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís) frente a 178 en contra (PP, Vox, Junts y UPN); el segundo, por 166 a 184, con el PNV y Coalición Canaria también en contra.

Sánchez adelantó entonces las elecciones, el 5 de octubre.

Hay dos lecturas de lo ocurrido

El PP y Vox sostienen que el Gobierno diseñó mal las medidas y las llevó a votación sabiendo que no tenían apoyos, con fines electorales. El PSOE y sus socios de izquierda responden que Junts se alineó con la derecha y bloqueó unas medidas que ellos sí apoyaban. Esta nota no pretende dirimir esa discusión: sea cual sea la explicación, el resultado es que el Gobierno y sus aliados no lograron aprobar lo que decían necesitar.

Sindicatos cercanos al PSOE y un Gobierno que aplaude el paro

Los convocantes, CCOO y UGT, son tradicionalmente próximos al PSOE. El ministro Félix Bolaños expresó su apoyo a la convocatoria y a la fecha elegida, y Sánchez dijo que el Gobierno sólo podía respetar un derecho constitucional. Según medios como El Español y ESdiario, el presidente y varios ministros dejaron vacías sus agendas oficiales el día de la huelga, aunque Moncloa aclaró que eso no implicaba que fueran a secundarla. El PP acusó al Ejecutivo de alentar una “huelga electoral” y Feijóo había pedido que se desconvocara. La CNT rompió con CCOO y UGT al acusarlas de actuar a favor del Gobierno. No existe, hasta ahora, una prueba pública de que el Gobierno organizara o financiara la convocatoria. Los sindicatos niegan además que tenga destinatario partidista: Pepe Álvarez (UGT) dijo que cada uno debía asumir “la parte que le toca”.

Lo que no depende sólo del Gobierno

No todas las demandas están en las mismas manos.

  • Los salarios del sector privado se fijan en la negociación colectiva, y en Cataluña Álvarez dirigió la huelga contra la CEOE por bloquear el acuerdo que permitiría subidas.
  • Unai Sordo (CCOO) subrayó que el paro “no va sólo de vivienda”. La vivienda, a su vez, reparte competencias entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, y sanidad y educación están en gran parte transferidas.
  • Algunos de estos problemas son, además, estructurales y anteriores a este Gobierno. Aun así, los sindicatos afirmaron que ningún gobierno, gobierne quien gobierne, podrá ya mirar para otro lado ante la crisis de vivienda.

Un seguimiento muy discutido

Medir el alcance real del paro resulta difícil. CCOO y UGT lo calificaron de éxito y dijeron que superaba sus expectativas, aunque reconocieron un seguimiento desigual por sectores y territorios y no ofrecieron cifras nacionales. La patronal CEOE lo situó en torno al 5%, y los datos de consumo eléctrico apuntan a un impacto menor que el de otras convocatorias. El PP y Vox lo calificaron de fracaso.

Bloqueos, detenidos y el derecho a trabajar

La jornada incluyó cortes de carreteras, bloqueos de accesos a centros de trabajo, piquetes que dificultaron la apertura de comercios y disturbios nocturnos en Madrid y Barcelona. Según el balance de Europa Press, hubo al menos 75 detenidos y 1.044 incidencias en toda España; conviene precisar que “incidencia” no equivale a hecho violento, pues agrupa piquetes, cortes y otras actuaciones policiales. También hubo denuncias por violencia policial. Una concentración pacífica, un piquete informativo o una manifestación son expresiones reconocidas de la libertad sindical. El problema surge cuando la persuasión se convierte en intimidación o se impide el acceso a un establecimiento mediante coacciones. El Código Penal sanciona las coacciones en general (artículo 172) y, de forma específica, las que buscan forzar a otros a iniciar o continuar una huelga (artículo 315.3).

La pregunta que queda

La huelga deja una pregunta abierta: si reforzó la estrategia electoral del Gobierno y sus aliados o, dado su seguimiento discutido, resultó contraproducente para quienes la respaldaron. Los datos permiten sostener ambas lecturas, y será el 29 de noviembre cuando se aprecie si tuvo algún efecto en las urnas.