Por Rodolfo Omar Romano Sforza

Cuando un banco se cae, el presidente no siempre aterriza de pie

Ueno Bank, Santiago Peña y una crisis que empezó en los balances y terminó en el poder

Hay países donde un banco quiebra y hay países donde, además, se quiebra una parte de la arquitectura política. Paraguay acaba de descubrir que ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Lo de Ueno Bank ya no es sólo una historia de solvencia y depósitos congelados: terminó con Santiago Peña destituido, detenido y bajo investigación penal.

Una secuencia tan extraordinaria que, si alguien la hubiera escrito hace unos meses, le habrían pedido que bajara el tono.

Un banco que crecía. Y unas alarmas que no alcanzaban

Ueno era más que una entidad financiera: una marca moderna, omnipresente, vinculada al fútbol y a una promesa de inclusión financiera. En la imagen, todo marchaba estupendamente. En los balances, bastante menos.

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició su resolución tras comprobar que el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.
La intervención dejó al descubierto créditos vinculados con empresas relacionadas con accionistas o directivos: según la presentación legislativa que sustentó el juicio político, entre mayo y noviembre el BCP habría conocido préstamos por unos 123 millones de dólares.

Una historia que ya habíamos visto

Paraguay no es nuevo en esto.

Entre 1995 y 2003 desaparecieron 23 bancos y 49 financieras; de 37 bancos sobrevivieron 13.
La crisis de 1995 llevó a la quiebra a más de la mitad de las entidades y su costo se estimó entre el 10% y el 12% del PIB.
Después llegaron las réplicas: Banco Unión y BNT en 1997-98, Banco Alemán y Banco Plus en 2002.
Los economistas coinciden en la causa: préstamos a empresas vinculadas y supervisión débil.
Se endureció el control y se aprobó una ley de resolución bancaria que exime al BCP de absorber las pérdidas.
Se suponía que la lección estaba aprendida.

Y hubo una alarma reciente. En agosto, el diputado Mauricio Espínola presentó un proyecto para limitar la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del sector público en los bancos, precisamente para evitar crisis como las de los 90. Advertía que Ueno había alcanzado el tope legal de fondos que podía captar del IPS e incluso lo había excedido en cuentas corrientes.

Tres meses después, el banco caía.

Los números

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta 75 salarios mínimos: 228.300.000 guaraníes (unos 38.000 dólares o 35.000 euros) por persona y por entidad.
Eso cubre a cerca del 97 % de los ahorristas, y el BCP ya empezó a pagar a más de un millón de ellos.
Ueno era el sexto banco del país, con más de 2.800 millones de dólares en depósitos. No existe un monto oficial de la quiebra, pero los reportes indican que administraba unos 800 millones de dólares, de los cuales entre 355 y 380 millones eran fondos públicos del IPS y reservas estatales.
Por eso la crisis dejó de ser solo bancaria: están en juego fondos previsionales.
Quien tenía 50.000 dólares recupera unos 38.000 de forma prioritaria. Los 12.000 restantes quedan congelados hasta que la liquidación venda activos y pague según el orden legal, un proceso que, advierten los especialistas, puede tardar entre 20 y 30 años.

El presidente, el banco y esa incómoda palabra: vínculos

Peña tuvo participación en Ueno Holding, que vendió en marzo de 2025, ya en el cargo. También designó al frente del BCP a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno. Después vinieron la intervención, el congelamiento, las protestas y la renuncia de Carvallo. El 6 de noviembre el Senado destituyó a Peña por mal desempeño de funciones, con el voto de los 44 senadores presentes; menos de una hora después fue detenido. El juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva y la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio. Carvallo se entregó a la Justicia. Pedro Alliana asumió la Presidencia.

Conviene recordar que una imputación no es una condena: la Fiscalía deberá probar lo que atribuye y la defensa, que ya cuestionó la validez del juicio político, podrá rebatirlo. Pero cuando un presidente termina detenido en una causa vinculada a un banco del que fue accionista, la explicación ya no puede ser una conferencia sobre la estabilidad del sistema.

El dinero de la gente

Mientras los despachos se llenaban de abogados, había gente que solo quería recuperar sus ahorros: la reserva familiar, el capital de un emprendimiento, el sueldo del mes. Entre los manifestantes había también pensionados preocupados por sus fondos. La diferencia entre una crisis bancaria y una crisis social está en el momento en que el problema deja de ser una cifra y se convierte en una persona que no puede pagar algo.

El BCP habilitó la garantía y pagos prioritarios de hasta 10 millones de guaraníes para quienes no tengan deudas con la entidad. Alivia, pero no responde la pregunta política: ¿quién permitió que se llegara hasta aquí?

La confianza no se compra con camisetas

Ueno construyó una presencia formidable: camisetas, estadios, eventos. Pero la confianza que un banco necesita puede construirse con publicidad y no se sostiene con ella. Un patrocinio hace cercana a una marca y una aplicación la hace moderna; ninguna reemplaza un balance saludable ni un regulador independiente.

El cliente entrega su dinero y espera que las instituciones hagan su trabajo. No espera convertirse en detective financiero.

Paraguay tiene ahora una pregunta mucho más grande

La caída de Ueno deja una oportunidad y un riesgo. La oportunidad: investigar a fondo, recuperar fondos, establecer responsabilidades y revisar la supervisión. El riesgo: que el escándalo se reduzca a una pelea de nombres propios mientras las estructuras que fallaron siguen intactas.

Los presidentes pasan, los bancos cambian de dueño, los funcionarios renuncian. Pero las instituciones, si nadie las modifica, conservan sus costumbres.

Y quizás ahí esté la verdadera historia paraguaya. No sólo en un banco que cayó ni en un presidente detenido, sino en algo más inquietante: ¿cuántas alarmas necesita escuchar un país antes de aceptar que el problema no era el ruido, sino quién tenía la obligación de escucharlo?