Por Rodolfo Omar Romano Sforza

Tenemos miles de kilómetros de alta velocidad. Lo que no tenemos claro es si alguien se ocupa de que podamos recorrerlos sin jugar a la ruleta rusa. Tragedias ferroviarias, responsabilidades políticas y una palabra que parece haber desaparecido de nuestros despachos: dimisión.

Cuando dimitir todavía significaba algo

Hubo una época, y la recuerdo, en la que el honor medía la andadura de las personas de bien. No hacía falta llevarlo escrito en una tarjeta, ni pronunciar discursos sobre él. Se demostraba con los actos, con la palabra dada, con la responsabilidad asumida y, sobre todo, con la capacidad de responder cuando las cosas salían mal.

Sócrates prefirió morir antes que renunciar a sus convicciones. Tomás Moro aceptó la muerte antes que traicionar su conciencia. Y Lord Carrington, ministro británico de Exteriores, presentó su dimisión en 1982 tras la crisis de las Malvinas, asumiendo la responsabilidad política por los errores de su departamento. Eran otros tiempos, otras circunstancias y otras formas de entender el servicio público. Pero había algo que parecía estar más claro: el cargo no era una propiedad personal, sino una responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad quedaba seriamente comprometida, existía una palabra que todavía conservaba su significado: dimisión.

Hoy hemos perdido parte de aquella cultura

Nuestros políticos conocen perfectamente el lenguaje de la solidaridad, las condolencias y la consternación. Lo dominan. Lo que no parece tan frecuente es encontrar a alguien dispuesto a asumir las consecuencias políticas de sus decisiones. Cuando mueren decenas de personas en un accidente ferroviario, el presidente del Gobierno y quienes tienen responsabilidades directas en la seguridad de nuestros transportes deberían entender que hay algo más importante que conservar un puesto, ganar tiempo o administrar una crisis de comunicación. Hay un mínimo acto de respeto hacia los muertos y hacia sus familias: dar explicaciones, no esconderse detrás de las instituciones y asumir las responsabilidades que correspondan. No se trata de condenar a nadie antes de que hablen los investigadores y los tribunales. Se trata de recordar que el honor político también existe, o debería existir. Y que gobernar significa responder, especialmente cuando las consecuencias son irreparables.

Mucho AVE y poco mantenimiento

España es un país extraordinario. Somos capaces de construir la red de alta velocidad más extensa de Europa y, al mismo tiempo, invertir menos en nuestros ferrocarriles que Alemania, Italia y Francia. Es una especie de milagro nacional: hacemos las cosas a lo grande, las fotografiamos todavía más grandes y después, cuando toca mantenerlas, descubrimos que el presupuesto no llega. Tenemos casi 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Queda estupendo decirlo. Da una imagen moderna, europea, de país que ha dejado atrás los tiempos del Talgo y las esperas interminables en los andenes. El problema es que una vía no se mantiene sola. Tampoco se revisa por patriotismo ni se repara porque el ministro tenga buenas intenciones. Los trenes necesitan raíles, señalización, sistemas de seguridad, trabajadores y dinero. Sobre todo, dinero. Y ahí empieza a estropearse la fotografía.

Las cifras de inversión que se han puesto sobre la mesa merecen una explicación detallada:

Alemania, Italia y Francia mantienen importantes programas de financiación ferroviaria. España, pese a la extensión de su red, tiene que explicar cómo distribuye sus recursos entre nuevas infraestructuras, conservación y seguridad. Además, Adif y Adif Alta Velocidad arrastran una deuda superior a los 21.000 millones de euros. Su propio presidente ha reconocido que los intereses y obligaciones financieras consumen más de 500 millones anuales de recursos operativos. Pero aquí somos muy dados a inaugurar. Una estación nueva siempre queda bien en campaña. Un tramo de alta velocidad permite cortar una cinta, estrechar manos y hacerse una fotografía con cara de haber cambiado la historia. En cambio, sustituir un sistema de señalización antes de que dé problemas no tiene demasiado recorrido electoral. No hay cinta que cortar. Ni aplausos. Ni titulares. El mantenimiento es así de ingrato: cuando funciona, nadie se acuerda de él. Cuando falla, todo el mundo pregunta quién era el responsable.

Las tragedias no son una incidencia del servicio

Adamuz dejó 46 muertos. El accidente de Urda ha elevado a 69 el balance provisional de víctimas mortales. Dos tragedias ferroviarias de enorme gravedad en menos de un año. Demasiadas familias esperando respuestas y demasiadas explicaciones que todavía tienen que llegar. Y uno empieza a cansarse de determinadas palabras. Consternación. Solidaridad. Investigación exhaustiva. Depuración de responsabilidades. Las conocemos todas. Forman parte del repertorio institucional para los días en que las cosas salen espantosamente mal. Después aparecen los expertos, los portavoces, las comparecencias y las explicaciones técnicas. Todo eso es necesario. Lo que no es necesario es que la explicación se convierta en una carrera de obstáculos para llegar hasta quienes tomaron las decisiones. En el caso de Urda habrá que saber qué ocurrió exactamente, qué falló, qué protocolos se aplicaron y por qué se autorizó la circulación en las circunstancias que están siendo investigadas.

También habrá que mirar más atrás

Porque una tragedia ferroviaria no se explica necesariamente mirando sólo el minuto del accidente. Hay que mirar los años anteriores, los presupuestos, las advertencias, las reparaciones pendientes y las decisiones que se fueron aplazando. La investigación tendrá que determinar qué relación tuvieron los sistemas de seguridad, las incidencias técnicas y las decisiones operativas con lo sucedido. Pero hay una pregunta que no puede quedar enterrada bajo los informes: ¿se hizo todo lo que estaba en manos de los responsables para evitarlo? Y mientras tanto, hay familias que ya no volverán a sentarse a cenar con los suyos.

¿Cuánto vale una vida en un despacho?

Esta es la pregunta que debería incomodar de verdad. ¿Cuánto vale una vida humana para un Gobierno cuando su pérdida puede estar relacionada con decisiones que alguien tomó, con inversiones que alguien retrasó o con advertencias que alguien no atendió? No estoy diciendo que exista ya una responsabilidad penal demostrada. Eso tendrán que determinarlo los investigadores y, llegado el momento, los tribunales. Tampoco se trata de repartir culpabilidades a golpe de titular. Se trata de algo bastante más sencillo: exigir que quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad expliquen qué hicieron con esa obligación. Porque las responsabilidades no pueden evaporarse en una maraña de organismos públicos, competencias compartidas y siglas que parecen diseñadas para que nadie sepa muy bien quién manda.

Cuando se trata de inaugurar, siempre hay un responsable dispuesto a ponerse delante de la cámara

Cuando hay que explicar un desastre, de pronto las competencias se vuelven extraordinariamente complicadas. Y no. La vida de una persona no puede convertirse en una partida presupuestaria, ni su muerte en una cifra que se incorpora a un informe y se archiva cuando deja de ocupar espacio en los informativos. Habrá indemnizaciones, seguros y procedimientos administrativos. Tendrán que existir. Pero ninguna cantidad económica consigue explicar a una madre por qué su hijo no volvió a casa. Ningún cheque sustituye una silla vacía. Ningún comunicado devuelve los cumpleaños que ya no se celebrarán. Por eso la pregunta no es solamente cuánto cuesta una vida. Es cuánto estaba dispuesto a gastar el Estado para protegerla y por qué, si faltaron recursos o se ignoraron advertencias, no se hizo a tiempo.

Y ahora, ¿quién responde?

El Gobierno ha anunciado inversiones adicionales en mantenimiento y refuerzo de plantilla. Son medidas que habrá que examinar, comprobar y exigir que se cumplan. No basta con anunciarlas. Los sindicatos llevan tiempo reclamando más recursos y mejores condiciones para garantizar la seguridad de la red. Lo que no puede ocurrir es que cada tragedia termine con una promesa de renovación, una comisión de investigación y una nueva colección de declaraciones solemnes. Ya hemos visto esa película demasiadas veces, aunque esta vez haya personas que no podrán verla nunca más.

España no necesita demostrar que puede construir más kilómetros de alta velocidad. Eso ya lo sabemos. Necesita demostrar que es capaz de mantenerlos, que escucha a sus trabajadores y que no confunde modernidad con velocidad. Un país no es más moderno porque sus trenes circulen a 300 kilómetros por hora. Lo es cuando sus ciudadanos pueden subirse a ellos sin preguntarse si alguien habrá hecho correctamente su trabajo.

Y aquí conviene recordar algo que ya planteé en Kambiopositivo en un artículo publicado el 29 de octubre de 2026, titulado “Los mejores trenes de Europa, dicen. Las peores explicaciones, comprobado” En aquella reflexión abordaba precisamente la distancia entre la imagen de modernidad que proyectamos y las explicaciones que recibimos cuando se produce una tragedia. También planteaba una cuestión esencial: la responsabilidad política no puede desaparecer mientras las explicaciones se desplazan de un organismo a otro. Son dos artículos que nacen de la misma preocupación: la seguridad de los ciudadanos no puede quedar subordinada al relato de quienes gobiernan.

Lo que quedará cuando pase el ruido

Cuando pase el ruido, cuando los ministros regresen a sus despachos y los informativos encuentren otra desgracia con la que abrir sus ediciones, quedará una pregunta que no debería admitir demasiadas vueltas.

¿Quién tenía que haber hecho algo y no lo hizo?

Porque los trenes volverán a circular. Las estaciones volverán a llenarse. Los billetes volverán a venderse. Y detrás de cada billete habrá una persona que sólo quiere llegar a casa. Dimitir no es necesariamente reconocer un delito. Asumir una responsabilidad política tampoco significa declararse culpable de una investigación que aún no ha concluido. A veces significa, sencillamente, entender que hay responsabilidades que están por encima del propio cargo. No sé si esta vez alguien lo entenderá. No sé si habrá explicaciones completas, ni si llegarán a tiempo para quienes más las necesitan. Lo que sí sé es que el honor, esa vieja palabra, no se decreta ni se anuncia en una rueda de prensa: o se ejerce, o no existe. La pregunta, entonces, queda abierta, y es de todos:

¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar a que alguien responda?

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