Un colectivo privado de su pensión vitalicia

 

 

 

Desconectados de sus entradas mensuales para poder vivir.

 

 

 

La difícil y compleja situación de inestabilidad de algunos  países latinoamericanos se acentúa cada vez más afectando también a  “los que han querido o han  tenido que buscar cobijo en Europa”. Es el caso de los pensionistas  que dependen de una  asignación económica  de estas geografías como el caso de Venezuela.

Más de  2.000 jubilados que viven en el exterior y que  en su momento han solicitado el traslado de su pensión a uno de los seis países con convenio (España, Italia, Portugal, Chile, Uruguay y Ecuador), no han sido incorporados a las nóminas de pago del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) a pesar de cumplir con todos los requisitos según lo asegura la Federación de Jubilados y Pensionados Venezolanos residentes en España (FAPEJUVE).

No cobran su pensión del gobierno de Venezuela desde hace 2 años. Algunos lo sobrellevan con ayudas familiares que terminan por agotarse…y otros  a pesar de haber tenido cargos  importantes en este país latinoamericano tienen que acudir a los servicios sociales donde residen actualmente. Esto se agrava siendo uno de los colectivos más  vulnerables ya que por su avanzada edad, o si situación de dependencia o minusvalía no pueden, aunque quieran, encontrar otras fuentes de subsistencia.

Es el caso de Giuseppe Curátolo, un  italiano que se ha dedicado durante décadas al sector de comercialización aeronáutica y que  clama a los medios de comunicación que se hagan eco de esta irregularidad y la de tantos otros que conllevan día tras día la misma desesperación y angustia.  Lleva tiempo en una residencia madrileña y manifiesta con una voz tenue y entrecortada “temo que  no pueda seguir  siendo asistido  si no le llegan estos ingresos ” sin duda vitales y a pesar de su delicada salud.

Esto no es nada nuevo. Hace ya  un año se  han movilizado una buena parte de ellos  a través FAPEJUVE. Existe un convenio bilateral firmado entre España y Venezuela  con fecha 12 de mayo de 1988, mediante el cual  a los venezolanos que están en el territorio español, se le transforma su pensión en euros, y a los ciudadanos españoles que están en Venezuela, se les envía la pensión en bolívares.

 

En noviembre del 2016 la Federación de Jubilados y Pensionados Venezolanos residentes en España con sedes en Madrid, Canarias, Cataluña, Asturias, Galicia, Valencia y Andalucía, y la Asociación de Pensionados en el Exterior (Asopex) movilizó a una buena parte de estos afectados . Todas ellas firmaron la declaración de Madrid, en la que explicaron la situación crítica de los jubilados y pensionistas venezolanos en España. A pesar de esta multitudinaria manifestación no les ha llegado respuesta ni solución alguna.

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